La aprobación de la Ley Integral de Impulso de la Economía Social (LIIES) supone un avance importante para el conjunto del sector y, especialmente, para las empresas de inserción, al actualizar el marco normativo que regula su actividad y reforzar su papel como herramienta clave para la inclusión laboral.
Consta de cuatro artículos que modifican las leyes que integran el ecosistema normativo del sector: la Ley de Cooperativas, la de Ley para la Regulación del Régimen de las Empresas de Inserción, la Ley de la Economía Social y la Ley de Régimen Fiscal de las Cooperativas.
La Vicepresidenta Yolanda Díaz ha destacado que la nueva norma se ha hecho realidad «escuchando a las cooperativas, a las empresas de inserción, a los centros especiales de empleo de iniciativa social y a tantas entidades que llevan años demostrando que otra forma de hacer economía no solo es posible, sino necesaria».
La nueva norma adapta la legislación a la realidad actual del tejido productivo y reconoce la contribución de la economía social a la generación de empleo, la cohesión territorial y el desarrollo económico sostenible. En este contexto, las empresas de inserción consolidan su función como entidades que combinan actividad económica con un fuerte compromiso social, facilitando el acceso al mercado laboral de personas en situación de vulnerabilidad.
Entre las principales novedades, la ley introduce modificaciones en la regulación de las empresas de inserción con el objetivo de mejorar su funcionamiento y garantizar su competitividad en el mercado, manteniendo al mismo tiempo su finalidad social.
La norma, en su artículo segundo, modifica la Ley 44/2007 para la regulación del Régimen de las Empresas de Inserción. Con el consenso pleno del sector se refuerza la definición de los colectivos destinatarios de los itinerarios de inserción sociolaboral, evitando su estigmatización y adaptando estos procesos a la realidad del mercado laboral actual, facilitando la transición hacia el empleo ordinario.
La actualización normativa responde a la evolución del sector en los últimos años y al creciente reconocimiento de la economía social como un modelo empresarial que prioriza a las personas y el impacto social, contribuyendo al desarrollo de una economía más justa, inclusiva y sostenible.
Para las empresas de inserción, esta nueva ley representa una oportunidad para fortalecer su estabilidad, mejorar su capacidad de actuación y consolidar su papel dentro de las políticas públicas de empleo e inclusión social. La norma refuerza los instrumentos de apoyo y promoción de estas entidades, reconociendo su capacidad para generar oportunidades laborales y favorecer procesos de integración sociolaboral con impacto real en la sociedad.
En definitiva, la aprobación de esta ley supone un paso adelante en el reconocimiento de la economía social como un actor estratégico en el desarrollo económico y social, así como en el impulso de un modelo productivo que pone en el centro a las personas y la igualdad de oportunidades.
